Investigacion de detective para abogado

El Supremo avala la investigación con cámara oculta de un detective a un abogado que no pagaba la pensión a su ex mujer

El Tribunal Supremo ha respaldado la investigación con cámara oculta realizada por un detective a un abogado que no cumplía con el pago de la pensión a su exesposa. El abogado había presentado un recurso argumentando que se habían vulnerado sus derechos a la imagen e intimidad debido a la grabación oculta. Sin embargo, el tribunal determinó que no hubo intromisión ilegítima en su imagen o intimidad. La investigación tenía como objetivo obtener pruebas de que el abogado tenía fondos para pagar las pensiones acordadas en el divorcio que adeudaba a su exesposa.

Investigación con cámara oculta realizada por un detective

El tribunal subrayó que la investigación fue proporcional y legal, y se llevó a cabo para proteger el derecho de defensa de la exesposa, quien buscaba pruebas para los procesos judiciales relacionados con los impagos reiterados de pensiones. La investigación incluyó una entrevista en el despacho del abogado, donde el detective se hizo pasar por cliente. Las grabaciones no se realizaron en lugares privados y las imágenes capturadas no se difundieron al público.

El Supremo concluyó que no se invadió la intimidad del abogado y que la investigación utilizó medios proporcionados para demostrar su actividad profesional y refutar su afirmación de falta de ingresos. El tribunal rechazó la solicitud de indemnización por daño moral del abogado, señalando que sería contradictorio otorgarla a alguien que había evadido sus responsabilidades familiares y había sido condenado penalmente por ello.

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Tribunal-Supremo

El Tribunal Supremo valida el informe de detective privado en casos laborales

El Tribunal Supremo (TS) ha establecido que el informe de un detective privado es una prueba admisible para demostrar incumplimientos laborales. Esta decisión se tomó en la sentencia 551/2023 del 12 de septiembre. La sentencia fue firmada por los magistrados Antonio V. Sempere Navarro, Sebastián Moralo Gallego, Concepción Rosario Ureste García e Ignacio Garcia-Perrote Escartín.

La empresa en cuestión había contratado a un detective para seguir a un empleado que, según el informe, cometió varios incumplimientos laborales. Basándose en este informe, la empresa despidió al trabajador. Sin embargo, el Juzgado de lo Social de Bilbao declaró el despido nulo, argumentando que la empresa no había justificado el uso del detective y que se había violado el derecho a la intimidad del trabajador.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirmó esta decisión. Sin embargo, la empresa recurrió al Supremo, que finalmente determinó que la vigilancia del detective no violaba la intimidad del trabajador y que la falta de pruebas sobre los incumplimientos mencionados en la carta de despido hacía que el despido fuera improcedente.

El TS concluyó que la empresa debe optar entre readmitir al trabajador o indemnizarlo según la normativa vigente. Además, el TS señaló que no existe un derecho constitucional a que un despido laboral sea declarado nulo basándose en la violación de los derechos del artículo 18.1 y 3 de la Constitución.

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ImageWebRT

Detective privado para acreditar que una trabajadora con licencia médica realiza actividades incompatibles con su condición médica

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en España, desechó el recurso interpuesto por una empleada que fue despedida por atender a clientes de otra empresa mientras estaba de baja médica por depresión y estrés. Consideraron que esta actividad no favorecía su recuperación y, al mismo tiempo, validaron la legalidad de contratar detectives privados para demostrar los incumplimientos de la demandante, estableciéndola como una prueba válida.

El caso gira en torno a una empleada administrativa de una empresa de seguros que solicitó una licencia médica debido a la depresión. Sin embargo, su empleador la despidió disciplinariamente al comprobar que, durante su ausencia, realizaba actividades incompatibles con su condición médica que justificaba la baja. En este contexto, un detective privado contratado por la compañía la sorprendió trabajando en el área de atención al cliente del negocio de su pareja.

La mujer demandó a su empleador en un tribunal para solicitar la nulidad de su despido. Sin embargo, el juez de primera instancia rechazó su demanda, lo que la llevó a apelar en segunda instancia. Argumentó que la carta de despido no estaba debidamente fundamentada y que los hechos narrados en ella habían sido obtenidos de manera ilegal por detectives privados, lo que, desde su perspectiva, vulneraba su intimidad y dignidad.

En su análisis en profundidad, el Tribunal señala que «la demandante no se dedica, por ejemplo, a confeccionar sombreros, una actividad que podría ser relajante y contribuir a su recuperación de la depresión. En cambio, se involucra en una actividad comercial de venta, similar a la que realizaba como empleada. Este tipo de actividad no favorece una recuperación rápida y es completamente incompatible con su situación de incapacidad laboral remunerada».

El Tribunal observa que «la prueba presentada por el detective, a pesar de no ser recopilada directamente por el empleador, no infringe ninguna disposición de la ley de seguridad privada ni vulnera ningún derecho fundamental de la trabajadora. Es importante destacar que la cuestión de si se comete alguna infracción reside en la aplicación práctica de la prueba, y no en su contratación, ya que el empresario tiene el respaldo legal para utilizar este recurso, tanto para verificar la compatibilidad de la baja de su empleado con ciertas actividades durante el período de licencia, como para defenderse en situaciones judiciales. Se trata de un medio de prueba válido respaldado por la ley».

El Tribunal agrega que «esta es una forma de prueba que permite demostrar hechos a través del testimonio objetivo de un testigo cualificado, lo que se diferencia de la vigilancia por video, donde el empleador observa la actividad del trabajador para comprobar posibles incumplimientos, lo que puede afectar su privacidad. No se hace distinción entre las actividades sujetas a grabación».

En última instancia, el Tribunal concluye que «la posible violación de un derecho fundamental en la prueba presentada por el detective depende de la naturaleza de la actividad investigada y si esta afecta la privacidad o dignidad del trabajador. El empresario tiene el derecho legal de recurrir a esta prueba para verificar la compatibilidad de la baja de su empleado con ciertas actividades y para defenderse en situaciones legales, ya que se trata de un medio de prueba válido respaldado por la ley».

En resumen, el Tribunal rechazó la apelación y confirmó la decisión de la primera instancia.

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Detective-Privado

El TSJCV valida la investigación de un detective en un club social de una urbanización

Una empresa de Castellón contrató a un detective para verificar la supuesta baja fraudulenta de una trabajadora, ex delegada sindical. El detective confirmó que, a pesar de estar de baja por trastorno adaptativo, la empleada frecuentaba el club social de su urbanización en Benicasim, un lugar con acceso para socios.

Tras esta evidencia, la empresa procedió a despedirla. En respuesta, la trabajadora demandó a la compañía, alegando una violación de sus derechos y solicitando una indemnización de más de 50.000 euros.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha determinado que el club social no es un espacio privado, ya que el detective pudo acceder sin restricciones. Por lo tanto, la grabación es válida y proporcional.

La Sala de lo Social rechazó el recurso de la trabajadora, respaldando la decisión del Juzgado de lo Social número 1 de Castellón de la Plana. La sentencia, emitida el 4 de julio (2100/2023), fue firmada por las magistradas Teresa Pilar Blanco Pertegaz, María del Carmen López Carbonell y Ana Sancho Aranzasti.

El detective privado encargado, destacó la importancia de esta sentencia para su gremio, ya que clarifica los límites de los espacios reservados. El TSJCV subrayó que, aunque el club es privado, permite la entrada libre al público, sin expectativas legítimas de privacidad.

La decisión aún puede ser apelada ante el Tribunal Supremo. Juan de Dios Vargas, detective con 38 años de experiencia, comentó sobre las crecientes restricciones en la capacidad de actuación de los detectives y la policía debido a las leyes de protección de datos y jurisprudencia. Sin embargo, enfatizó que mientras lo que vea el detective sea lo mismo que cualquier persona, no hay ilegalidad.

empleados

Confirman el cese de una trabajadora que colaboraba en el negocio de su pareja

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la validez del despido disciplinario de una trabajadora que, a pesar de estar de baja por incapacidad temporal en su empresa, colaboraba en el negocio de su pareja.

La apelación fue rechazada ya que la empleada, durante su baja por problemas de ansiedad y depresión, llevó a cabo «labores comerciales y de venta, parecidas a las que realizaba en su trabajo formal, donde también se enfrentaba al estrés de atender al público«, indica el fallo.

Ricardo Sánchez Bochachía, abogado que defendió a la empresa, señala que «lo crucial es que, mientras estaba de baja y recibía compensación de la Seguridad Social y de la empresa, la trabajadora realizaba tareas que no favorecían su recuperación, pero sí evidenciaban cierta aptitud para trabajar«.

Informe Detective Privado

Tras ser informada de su despido, la empleada demandó a la empresa y al Fondo de Garantía Salarial. Sin embargo, su reclamación fue rechazada por el Juzgado de lo Social nº 8 de Santa Cruz de Tenerife, que valoró los informes de detectives privados. Estos informes destacan «una evidente violación de la buena fe contractual», menciona el fallo, añadiendo que no se infringió el derecho a la privacidad de la trabajadora, como ella argumentaba.

El abogado añade que «la validez de la prueba se basa en el artículo 48 de la Ley de Seguridad Privada, que permite a cualquier empresario supervisar el desempeño laboral de sus empleados«.

Finalmente, esta decisión fue ratificada por la Sala de lo Social, comenta Ricardo Sánchez Bochachía.