La junta de personal del Ayuntamiento de Pontevedra ha realizado una denuncia contundente al revelar que 17 trabajadores municipales fueron sometidos a investigaciones, arrojando luz sobre la utilización de un detective privado contratado por la administración local. Este hecho se suma a la polémica anterior relacionada con la contratación de un detective para examinar a un bombero y verificar su baja médica. Según los representantes de los trabajadores, en este último caso se acudió a una empresa privada, mientras que las demás investigaciones se llevaron a cabo internamente.
Héctor Santaló, portavoz de la junta de personal, ha expresado su preocupación por los «graves defectos de procedimiento» que, según ellos, rodean la tramitación de algunos expedientes disciplinarios, señalando que algunos de estos asuntos no deberían corresponder al Concello de Pontevedra, sino al Instituto Nacional de Salud. Además, los representantes sindicales han levantado la bandera de la «persecución del grupo de gobierno a ciertos trabajadores». Un informe remitido por el secretario del Concello reveló que, durante este mandato, se investigó a once policías locales.
En respuesta a esta situación, la junta de personal del Concello de Pontevedra está evaluando la posibilidad de presentar una denuncia ante el Defensor del Pueblo. Además de las cuestiones relacionadas con las investigaciones, han expresado su inquietud por el futuro de la Unidad Asistencial de Drogodependencias (UAD), en funcionamiento desde 1992 gracias a un convenio entre el Concello de Pontevedra y la Xunta. Solicitan al alcalde que inicie negociaciones con la administración autonómica para garantizar una mayor dotación económica, ya que actualmente no se están cubriendo las bajas del personal que se jubila. La junta de personal busca así abordar no solo las cuestiones de procedimiento y persecución, sino también las implicaciones en la gestión de servicios cruciales para la comunidad.
